AGENDA GUBERNAMENTAL 2019: CONFLICTO
De
que yo me acuerde ningún inicio de año se había presentado tan
marcado por el conflicto como este 2019. Es cierto que el final del
período del presidente Echeverría estuvo marcado por la
incertidumbre. Los rumores, las mentiras, los chistes, etc., que a
costillas del presidente circulaban, incluso lo presentaron como
preparando un golpe de estado para reelegirse y perpetuarse en el
poder.
Es
dificil a estas alturas poder saber si Echeverría preparó algún
escenario para una posible reelección. De lo que posiblemente
podemos estar seguros es de que lo pensó.
Durante
su campaña anunció la necesidad de un cambio de paradigmas, de
actitudes y de comportamientos, algo que sin haberle llamado “cuarta
transformación” se parecía bastante a la intención anunciada por
López Obrador. A Echeverría no le ajustó el tiempo, los cambios en
su sexenio se sucedieron rápidamente y aún así, no se pudieron
concretar particularmente lo que tenía que ver con un cambio de
mentalidad. Curiosamente al Presidente Peña que anunció también
con bombo y platillo los cambios estructurales, el sexenio se le
alargó. Los últimos meses después de la elección brilló por su
ausencia, aunque seguramente era mejor que opacar con su presencia.
Es
cierto también que el levantamiento zapatista, la muerte de Luis
Donaldo Colosio y los errores económicos hicieron que el arranque de
1985 estuviese marcado por la incertidumbre. Merece la pena
recalcarlo: la incertidumbre, no el conflicto. El mismo conflicto
zapatista realmente nunca comprometió la estabilidad del país. La
paz social se ha visto mas amenazada con mucho por las acciones de la
delincuencia organizada y sin embargo, con todo lo preocupante que
han sido, da la impresión de que la acción del gobierno no ha sido
lo fuerte, organizada y letal que pudiera ser. No falta quien
considere que los pactos, la corrupción y la impunidad no son
casuales, sino que provienen de añejas componendas a las que no son
ajenas los cuerpos policíacos y militares.
2019
inicia con varios conflictos anunciados, algunos verdaderamente
graves porque implican enfrentamientos, no sólo de grupos y factores
reales de poder, sino de poderes del Gobierno, como son el Poder
Judicial de la Federación, y grupos importantes de la oposición en
el Congreso de la Unión, que han anunciado posiciones antagónicas a
las del ejecutivo en materia de presupuesto, combate a la
delincuencia, adelgazamiento de la administración y disminución de
sueldos de los altos funcionarios. Lo que ha mostrado el presidente
López Obrador en el arranque de su gobierno, ha sido una mezcla de
actitudes intolerantes con otras de perdona vidas, mayoriteo en las
cámaras del Congreso y falta de habilidad negociadora. Elusión de
los problemas en algunos casos y mucho patraseo (echarse para atrás,
un modismo tabasqueño) en temas torales, dejando la impresión de
que no fueron analizados suficientemente o faltó cabildeo o
menospreciaron las reacciones de organismos, tal como sucedión con
las participaciones a las universidades.
El
conflicto legal por la disminución de los salarios de los altos
funcionarios, no tiene visos de que pueda resolverse legalmente en
corto plazo. La oposición en el Congreso interpuso una acción de
inconstitucionalidad que tiene por objeto que la Suprema Corte
resuelva sobre la constitucionalidad de un decreto aprobado por la
mayoría, pero que es objetado por un grupo importante de la minoría.
La acción de inconstitucionalidad ha sido un mecanismo que ha
permitido la revisión por la Corte y en muchos casos la modificación
por considerarse inconstitucionales de leyes ya aprobadas. Tal fue el
caso de la extinción de dominio en la legislación de
Aguascalientes.
La
cuestión se vuelve mas grave porque la acción planteada involucra
intereses de los ministros, magistrados, jueces y miembros del
Consejo de la Judicatura. En términos de puridad competencial, un
juez debe abstenerse de conocer de asuntos en los que lleve interés
personal, en este caso, sin embargo, no existe otro órgano
jurisdiccional que pueda conocer del asunto, de manera que la Corte
tendrá que resolverlo aún cuando falte al principio de abstención
competencial.
Ya
eramos muchos y parió la abuela. Para complicar aún mas el asunto,
los jueces federales han presentado multitud (miles) de amparos
contra la aplicación de un decreto que les disminuya sus
percepciones por considerar que es una disposición retroactiva (lo
que prohibe la constitución) contra una situación de hecho, aunque
habría que insistir en que ganar mas que el Presidente de la
República estaba prohibido por la Constitución, por lo que
magistrados y ministros y miembros del Consejo de la Judicatura ya se
encontraban en una situación de ilegalidad.
El
Congreso recién aprobó la ley que prohibe el ganar mas que los
ciento ocho mil pesos y pico que gana López Obrador. La Corte ordenó
suspender las acciones que disminuyeran las percepciones. La
Secretaría de Hacienda debe ceñirse al cumplimiento de la ley, pero
debe acatar la suspensión decretada por la Corte. Si por otra parte
el presupuesto se ajustó a la baja, no habrá dinero de donde pagar.
¿Que hará la Corte?.
La
creación de la Guardia Nacional como cuerpo del ejército encontró
mayor oposición que la previsible para una iniciativa del ejecutivo.
No sólo los órganos nacionales de derechos humanos, sino también
los organismos internacionales, la ONU y los tribunales de Derechos
Humanos. El ejército aún cuando mantiene una buena opinión ante la
mayoría de los ciudadanos no es ajeno a conductas ilegales que se
han denunciado incluso ante tribunales internacionales, su corrupción
interna se ha disimulado pero no resiste un análisis a fondo. Para
muestra basta un botón, para todos los mexicanos mayores de 18 años
el Servicio Militar Nacional es un ejemplo clarísimo de corrupción
que se viene arrastrando desde décadas atrás. ¿Se imagina el
lector lo que podría ser nuestra juventud si el Ejército hubiera
tomado en serio su formación y entrenamiento?.
La
caída del helicóptero y la muerte de la gobernadora de Puebla y
otros funcionarios será también una piedra de toque para el
gobierno de López Obrador, que a las primeras de cambio perdió la
paciencia y la cordura.
La
lista es larga y sin duda compleja. El presidente lo dijo hace unas
semanas en Palacio Nacional: “¡Se acabó el estado de chueco!
Aunque a muchos no les parezca ya empezamos a vivir en el estado de
Derecho, se va a respetar la ley y se van a respetar las autonomías.”
Es, a mi ver la única salida válida ante los conflictos. El Derecho
a fin de cuentas es un conjunto de criterios para prevenir y resolver
los conflictos.
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