¡ALGO HUELE A PODRIDO EN LA UAA!

 

Pido perdón a Shakespeare por el plagio, pero en un país en que desde Bésame Mucho se permitió robarse unos compases de Shumann, en que la Sra. Pte. plagió su tesis de una universidad austriaca, una ministra de la Corte plagió sus tesis de licenciatura y la doctoral y los restantes ministros son una recua de impreparados y cínicos ¿Qué más da otro pequeño plagio, si se pueden desaparecer miles de millones de pesos por el huachicol y cientos de millones por las autoridades de la UAA?.

Estamos a pocos días de que la Junta de Gobierno de la UAA, que en algún tiempo fue un grupo de notables y que ahora ni se notan, termine de perpetrar la redesignación de la rectriz Pinzón para un nuevo período. El principal escollo lo hicieron a un lado violando alevosamente la Constitución de la República y el Derecho Convencional. No pueden alegar desconocimiento, lo supieron oportunamente. Lamentable que conocedores del Derecho que integran la Junta, el Consejo Universitario y, otros que ocupan cargos burocráticos, se hagan de la vista gorda y olviden lo que predican, lo que enseñan y lo que dicen practicar, pero no en los bueyes de mi comadre.

No hay que ir muy lejos, el artículo primero de la Constitución de la república señala la prohibición de todo tipo de discriminación, y la doctrina expresa de la constitucionalidad mexicana establece la obligación para los jueces federales de declarar la inconstitucionalidad de las leyes que se aparten del bloque de constitucionalidad y para todas las autoridades, todas las autoridades , incluidas las de las universidades públicas, de inaplicar las normas que la contravengan. Una argucia legaloide, impropia de un maestro universitario, dio el pie para que las máximas autoridades “aplicaran” literalmente la regla de la ley orgánica que establece un límite de edad para aspirar a la función rectoral. La Defensoría de los Derechos Universitarios desde su creación ha aplicado los principios generales del Derecho, ha defendido los Derechos Fundamentales, ha recomendado sanciones por las discriminaciones eventuales que a ellos hubieran hecho autoridades universitarias y, sin embargo, hoy, los mismos que sancionaban la discriminación ahora la perpetraron, afectando no sólo a un maestro, sino a toda la comunidad, y, para decirlo pronto al organismo.

¡Se necesita ser caradura para salir a hablar de legalidad, de respeto, de transparencia, con un proceso amañado en el que una gavilla de personas que dicen servir a la UAA, me niego a llamarles “universitarios”, prepararon la farsa para excluir, por lo menos a un maestro, que, con toda lealtad y honestidad les comunicó su intención de participar en la sucesión para la rectoría!.

Sobre la universidad, sobre los actuales trabajadores de la rectoría y sobre los inmediatos anteriores, se tiene una negra nube ominosa, que, inexplicablemente las investigaciomes han mantenido y que parece no se despejará nunca. El asunto es complejo, no demasiado, triste, muy triste y sobre todo, criminal, alevoso contra la Universidad. Los detalles son importantes, pero, el esquema a grandes rasgos es el siguiente:

Durante el período rectoral del rector Ingeniero Mario Andrade Cervantes para prevenir malas experiencias que ya se habían presentado, particularmente en la posta zootécnica, el rector propuso y fue aprobado por el Consejo Universitario la creación de un Fondo de Contingencia, que consistiría en una cantidad, siempre disponible, para hacer frente a gastos imprevistos procedentes de algún imprevisto más o menos catastrófico. Para ello era necesario y así se estableció, que esos fondos no podrían invertirse en capital de riesgo y deberían estar siempre disponibles.

Durante su rectorado el Dr. Francisco Javier Avelar,inexplicablemente sufrió, a mi manera de ver, una transformación de personalidad, cometió muchas conductas graves y reprobables. Alguien lo convenció y creó en la rectoría un cuerpo asesor económico al margen de la estructura orgánica existente. Las personas son conocidas. De allí, al parecer, sin tomar en cuenta a otros funcionarios, se tomó la determinación y la acción de invertir el Fondo, que ya había crecido de manera importante, en una aventura financiera atractiva pero riesgosa. Esa decisión ya era delincuencial, disponiendo ilegalmente de un fondo restringido, con la sospecha adicional de que hubo alguna “propina” para el rector.

Debe señalarse que, si bien, podría suponerse que otras autoridades que debieran estar involucradas, no participaron en la decisión, no podían ser ajenas. La actual rectriz, el entonces Srio. General, ahora candidato, el Contralor, que tanto cine se dio, los encargados y operadores de finanzas.

Para terminar el período de Avelar, la inversión había dejado de producir dividendos y un panorama pesimista se cernía sobre las finanzas universitarias. Sin embargo se levantó una cortina de humo sobre la maniobra, que sin embargo no podría nublar los ojos de los responsables de detectarla y denunciarla.

Recién electa la actual rectriz, en la primera sesión de la nueva integración del Consejo Universitario, sin análisis previo, sin preparación y sin experiencia, los consejeros aprobaron los estados financieros, contando con la opinión favorable de los auditores externos, que son bien conocidos. ¿Cómo pudo ocultarse un desfalco de alrededor de 200 millones? No se ocultó, se disimuló como “cuentas de orden” que para la mayoría de los consejeros no significaban nada, pero para cualquier persona con mínimos conocimientos de contabilidad significan “focos rojos”, especialmente para los funcionarios y, que los auditores externos no deberían haber pasado por alto.

Con ese antecedente arrancó la rectriz y a pesar del conocimiento de la situación riesgosa en que se encontraba el capital “invertido”, se sabe que se realizó una nueva “inversión” que hizo que el capital en riesgo se elevara a más de 300 millones que finalmente se perdieron. Las autoridades universitarias lo han querido explicar como una mala inversión. No, desde luego, no fue una mala inversión fue una decisión ilegal, culpable y responsable. Violando las reglas del fondo, se invirtió ilegalmente, se presentaron documentos amañados al Consejo Universitario y las autoridades universitarias con la connivencia de los auditores externos, pretendieron echar tierra sobre los hechos.

¿Por qué no ha avanzado la investigación? La respuesta puede estar en que, al parecer el promotor externo del desfalco universitario participó también en el de la Fiscalía del estado por alrededor de 80 millones y en el del ISSSPEA por más de 200 millones. Se habla también de un líder de un organismo profesional empresarial con una participación notable en la estrategia fraudulenta.

Lo correcto debería ser, dadas las violaciones flagrantes a los Derechos Humanos de un candidato, que afectarán a la comunidad y a su futuro, reponer el procedimiento, suspender la participación de quienes se encuentran bajo sospecha de colaboración u omisión en el gran desfalco a la universidad y darse la oportunidad de sanear la vida universitaria.

El Consejo Universitario y la Junta de Gobierno tienen la palabra.