UAA: LLAMADO URGENTE, ANÓNIMO QUE ENCONTRÓ FIRMA

 

N.B. Entre los universitarios y personas interesadas en la UAA, se hizo circular el siguiente texto sin firma, con la nota de que el anonimato se asume como un recurso válido para evitar represalias. Por mi parte considero que su contenido merece tomarse en cuenta en el proceso de renovación de rectoría. Lo suscribo.

Este viernes 31 de octubre, el Consejo Universitario votó en contra de los principios constitucionales y de los Derechos Humanos, bajo el argumento de no privilegiar a dos aspirantes cuya participación fue cuestionada por una cláusula inconstitucional. Dicha cláusula establece un límite de 65 años para ser elegible en el proceso de designación de Rector y decanos.

Aceptar sus registros para posteriormente someterlos a votación y así evadir la responsabilidad de un pronunciamiento claro, constituye una estrategia que menoscaba la inteligencia y la integridad de nuestra comunidad universitaria. No podemos afirmar que “Somos los que votamos sin imposiciones” cuando estas se manifiestan como formas sutiles, enmascaradas, pero contundentes, de violencia institucional.

Resulta incongruente que esta administración modifique la Ley Orgánica según sus intereses coyunturales. Basta recordar que la última reforma se realizó apenas hace unas semanas, al igual que otras promovidas por el propio Congreso sin que entonces se invocara la tan defendida “autonomía universitaria”. Este principio,
que en otros momentos ha servido de estandarte para campañas políticas o intentos de reelección —como el caso de Avelar González hace apenas seis años—, no puede ni debe ser utilizado de forma selectiva. Si verdaderamente existiera la voluntad de garantizar un proceso electoral transparente y justo, el Consejo Universitario habría eliminado esa disposición que contraviene abiertamente el principio de no discriminación establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya jerarquía se sitúa por encima de cualquier ley orgánica universitaria.

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autonomía universitaria no puede ser invocada como justificación para vulnerar derechos humanos. Por ello, la invalidación de los registros no sólo representa un acto de autoridad arbitrario, sino también un ejemplo de cómo persisten las violencias institucionales en nuestra casa de estudios.

¿Qué motiva este actuar?
En el proceso electoral de 2022, el Dr. Quintanar Stephano obtuvo el segundo lugar en votaciones, sólo un poco por debajo de la candidata del oficialismo y cuya designación tuvo que ser justificada por la Junta de Gobierno en rueda de prensa. Ese resultado no fue fortuito: además de la intachable trayectoria del Doctor, reflejó la voz de una comunidad que anhela una institución libre de coacciones, favoritismos y prácticas que contradicen los valores que decimos defender. Cada voto obtenido por él, fue una manifestación de voluntad honesta y libre.

A tres años de administración de Pinzón Castro, la realidad persiste e incluso algunos aspectos se han recrudecido:
Adelantamiento de pase a numerarios para fines de simpatías electorales
Otorgamiento de plazas sin el perfil adecuado
Cargas académicas a modo
Recrudecimiento del nepotismo y amiguismo
La frivolidad de la compra de una camioneta nueva con valor de más de $800 mil pesos para el traslado de Pinzón Castro, así como el pago de horas extra en nómina para una trabajadora universitaria que la maquilla y peina.
Afectaciones crueles en sus puestos e ingresos a trabajadoras administrativas al regresar de su incapacidad por maternidad.
Un Campus Sur y Posta en el abandono
Uso de recursos institucionales para promoción de imagen personal
Pago de prensa para notas a modo
Puestos de nueva creación sin criterios objetivos
Borrado sistemático de logros de integrantes de la comunidad.
Permisos ilegales para amigos de autoridades
Falta de rumbo con propósitos académicos, pero sí de reflectores
Disminución de la calidad académica
Menosprecio de las actividades de investigación
Trámites administrativos que saturan las actividades de docentes
Una Defensoría de los Derechos Universitarios parca y rebasada
Sometimiento a caprichos de Gobierno del Estado

¿Es esta la Universidad que queremos seguir siendo?
Aún cargamos con las secuelas de la llamada Estafa Ponzi, cuyos responsables no han rendido cuentas ante la comunidad universitaria. ¿Cómo aspirar a la verdad y a la justicia si la persona responsable de las reinversiones por 220 millones de pesos y de la inversión inicial de 110 millones continúa al frente de la institución y se justifica culpando a su predecesor?

Esos 330 millones de pesos no sólo representan una pérdida económica, sino una herida profunda a la credibilidad y la confianza que sostenían nuestra identidad universitaria. Ni Avelar González ni Pinzón Castro pueden eludir su responsabilidad moral, institucional y legal, pues autorizaron inversiones de alto riesgo que derivaron en este desfalco. Todo cargo conlleva una responsabilidad, y la responsabilidad exige rendición de cuentas.

En su campaña, la Dra. Pinzón expuso sus credenciales como Doctora en Administración con una amplia trayectoria en el sector privado, ¿qué habría ocurrido en este ámbito ante un desfalco de tal magnitud? La destitución de Pinzón Castro no fue posible por muy poco, pero aún estamos a tiempo de impedir su reelección y evitar tres años más de impunidad.

Sabemos que los decanos y jefes de departamento ejercerán presión en los próximos días para orientar el voto a favor del oficialismo, como ya ocurrió en los procesos previos de elección del Consejo Universitario. Es importante que sepan: estaremos vigilantes para reunir evidencias de su función pública, porque es nuestro derecho.
Nos quedan dos opciones para encaminarnos hacia un proceso de investigación sobre la Estafa Ponzi y sobre todo, de virar rumbo a un mejor futuro.
Este es un llamado a la conciencia, a la congruencia y al deber que compartimos como miembros de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de cara a un proceso tan importante como la designación de titulares de Rectoría y Decanatos: ser una comunidad dedicada a la formación de personas íntegras, no un campo de
batalla por el poder. La historia de nuestra institución nos recuerda que sólo en la unidad por convicción y no por sumisión, la transparencia y el compromiso ético podremos sostener el verdadero sentido de la autonomía universitaria: servir con dignidad, pensar con libertad y actuar con justicia.

Integrantes del Consejo Universitario, estaremos atentos de sus votos, de su voz y su silencio.

Nota: Este correo enviado desde el anonimato no es una manifestación de cobardía ni intento de golpeteo, es un recurso válido ante los mecanismos de asedio y represalias patentes que ejecuta la Secretaría General ante actos de libre expresión.