¡Siempre no! Burla a la justicia y a la ciudadanía.

Apenas hace unos días se anunció la libertad absoluta del Gral Tomás Ángeles Dauahare, luego de que la PGR presentó conclusiones no acusatorias en su favor. La anterior administración de la PGR a cargo de Marisela Morales, acusó a Ángeles Dauahare de brindar supuestamente protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

La libertad fue ordenada por el juez tercero de distrito en materia de procesos penales federales en Toluca, Estado de México en el expediente 44/2012, pero no por haber sido juzgado y encontrado inocente, sino por la retractación del Ministerio Público Federal al haber formulado conclusiones no acusatorias, lo que en buen cristiano significa que después de haber encontrado pruebas contundentes de sus nexos con la delincuencia organizada, después de haber integrado una averiguación previa en la que desahogó las diligencias necesarias para considerar que se encontraban acreditados los elementos objetivos de la comisión del delito, así como los datos suficientes para hacer presumir la responsabilidad del General Ángeles, después de haberlo consignarlo ante el juzgado a efecto de que fuera juzgado por su conducta delictuosa, después de haber considerado el juez que había suficientes elementos para procesarlo por las conductas que se le imputaban decretando la formal prisión, después de haber desahogado la etapa de instrucción, en la parte final del proceso el Ministerio Público le dice al juez: ¿A poco te creíste que era culpable el General? Pos fíjate que no, ¡siempre no!, resulta que el testigo que lo incriminaba era un “testigo profesional” pagado por mí para acusar, que se encontraba “protegido” lo que es tanto como decir “oculto”, que incluso su identidad podría haber sido cambiada, y que, al menos en el proceso no aparecería. El juez no tuvo más opción que decretar su libertad inmediata y como el “Sin pecado” dijera: ¿dónde están los que te acusaban?.

La liberación del General Ángeles deja un sabor agridulce, más agrio que dulce en el paladar. Uno se pregunta, (bueno, no uno, mi corrector de estilo me llamará la atención), yo me pregunto a mi mismo: mi mismo ¿Crees en la inocencia del General? Pues…¡sí!; Mi mismo ¿Creías en la culpabilidad del General? Pues…¡sí!. A ver, a ver, barajeámela mas despacio. No tenía por qué dudar de la Procuradora General de Justicia de la República y no tengo por qué dudar del Procurador General de la República. ¿Y entonces?. Pues ni más ni menos como aquello que se contaba en los tribunales de un juez que se declaró incompetente y en realidad lo era y que para mayor prueba dictó una resolución que, palabras más palabras menos decía: “El actor (demandante) probó su acción; el demandado probó su excepción, en consecuencia el suscrito juez se declara ¡perplejo!”.

Pues ¡sí! me declaro perplejo y me declaro indignado y motivado recientemente por el libelo de Stéphane Hessel “¡Indígnate!” Que ha sido como el Credo, declaración de principios y metas, de la corriente de Indignación que recorre el mundo occidental. Los ciudadanos merecemos una explicación más allá de la existencia de un “testigo protegido” que responde al mote de “jenniffer” o algo así, y que fue considerado prueba suficiente para incriminar a un alto mando del ejército, a un heredero directo de una gran figura de la Revolución Mexicana general Felipe Ángeles, pero sin mengua de lo otro, un ciudadano mexicano con todos los derechos que consigna la Constitución, derechos que fueron menoscabados y que ahora, al menos así parece, se ha enmendado la plena para bien de un acusado injustamente.

La falta de información y la falta de profundidad en ella, deja espacio para especulaciones, mas de alguna seguramente de mala fe. Se ha publicado, por ejemplo, que la consignación del general Ángeles, realizada en el gobierno panista del Lic. (recontra no de la UNAM) Felipe Calderón, se debió a su cercanía con el licenciado (no abogado) Enrique Peña Nieto, y ser un candidato natural a ser Secretario de la Defensa. De ser así habría que concluir que se trató de una felonía, en la que se utilizó el brazo de la representación social, para “cobrar” agravios o para prevenirlos. No se ha publicado, pero nada impide pensar que pudiera haber sido diferente, que la acusación tuviera fundamento y que, la cercanía con el licenciado Peña hubiera sido la causa eficiente de la liberación.  

El caso del general Ángeles y miles de casos en los que se ha consignado a presuntos responsables sin la adecuada integración de una averiguación previa, y en los que la actuación del Ministerio Público violenta los derechos humanos, no sólo en los casos extremos de tortura o del arraigo (terrible invento violatorio de los más elementales derechos y que el estado mexicano se empeña en mantener contra los tratados internacionales por él suscritos), sino en los más sencillos de una incriminación sin fundamentos en que, sin embargo el indiciado se ve sometido a prácticas intimidatorias que menoscaban su dignidad.

Y como solía decir un maestro de la Facultad de Derecho, sí de la UNAM: “Cuando afirmó que la consorte del pollino es de una coloración grisácea es porque tengo los suficientes elementos capilares en la diestra”.  Hace algunos meses en una escrituración de compraventa de un predio ubicado en el estado de Jalisco, que por cierto se anotó la razón de “no pasó” por no haberse cumplido con los requisitos administrativos ni haber expensado los gastos, fui denunciado por la supuesta participación en la comisión del delito de fraude ya que al parecer el vendedor había enajenado previamente sus derechos. El asunto a mi ver era y es claro, sin embargo fui citado en calidad de indiciado por la delegación de la PGR, cabe decir que yo llevaba una tarjeta de un alto funcionario que avalaba mi amistad con él, sin embargo, al ingresar a la Delegación sorpresivamente me ordenaron “Párese un momento aquí” me paré donde me indicaron y resultó ser el sitio para ser fotografiado en una primera ficha, desde luego violatoria de mis derechos como ha sostenido la Suprema Corte. Luego me colocaron un gafete y acompañado por un agente fui custodiado y llevado con el fiscal que me habría de interrogar, pasamos cuatro puertas cada una de ellas cerrada y que requería una clave y una tarjeta magnética para franquearse, de manera que finalmente me vi confinado a una oficina, fichado y sin la más mínima posibilidad de poder decir: “con permiso regreso otro día”. Todo ello implica una presión que tensiona, independientemente de la seguridad que da el saber que no se ha cometido delito alguno. Más tarde fui recibido por el Delegado a quien manifesté mi protesta por el trato recibido a lo que me contestó: “es la práctica usual”.

Es cierto en este País nuestro, el único que tenemos, y al que hemos maltratado, dividido, cercenado, sobrexplotado, y sin embargo querido entrañablemente, es práctica usual la violación de los derechos humanos, es práctica usual las arbitrariedades de la autoridad, es práctica usual no rendir cuentas de sus actos y decisiones, es práctica usual que el ciudadano permanezca callado, pero, más allá del voto en su favor y más allá de dos o tres acciones efectistas y seguramente espectaculares, la legitimidad de un gobierno y me refiero por supuesto al federal que recién empieza, debe pasar por un “real” estado de derecho en el que se asuma que los ciudadanos somos mayores de edad y, que la presunción de inocencia es un derecho humano que bajo ninguna circunstancia puede preterirse.

El caso del general Ángeles es una muestra de lo que no debe suceder.

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