CONTRARREFORMA PENAL: AMLO PATRASEANDO
Platicaba
Don Juan Andrea, el inolvidable capitán del Hotel Francia, de un
fulano que cuando fue a confesarse le dijo al confesor: “Acúsome
Padre, que no soy tan pendejo”. Pienso, con todo respeto, que el
Presidente AMLO es de esos.
Hace
algunos años cuando se empezaba a gestar el proyecto de la reforma
al sistema de justicia penal, impulsado en buena parte por nuestros
¡OhDios! vecinos del norte, porque, entre otras cosas, los aspectos
del litigio habían quedado fuera del Tratado de Libre Comercio, y
los grandes despachos de abogados estadounidenses no podrían
incursionar en México, con un sistema judicial tan diferente del
suyo. La Comunidad Europea, por otras razones, tenía también
interés en colaborar para el mejoramiento de nuestros sistemas
penales. De allá, de Europa, vinieron los integrantes de un equipo
de trabajo coordinado por una jurista holandesa del Parlamento
europeo, un magistrado español especialista en dogmática penal, un
juez alemán de gran trayectoria y prestigio y dos o tres mas que
completaban la delegación. Los europeos hicieron una gira por el
país, entrevistándose con funcionarios, representantes populares e
integrantes del foro del país y de las entidades federativas. Aquí
en Aguascalientes se realizó una reunión de trabajo en la Casa de
la Cultura Jurídica, a la que tuve el gusto de ser invitado. Luego
de las sesiones que resultaron interesantes y productivas, tuve la
oportunidad de platicar con el juez alemán, que parecía el mas
experimentado y que hablaba un español de manera germano patriota,
suficiente para entendernos. Le expuse mis dudas del nuevo sistema,
partiendo de que el nuestro ya era fundamentalmente oral y que en mi
opinión sería preferible la creación de jueces de instrucción
(parecidos a los actuales jueces de control), limitar el poder del
Ministerio Público, fortalecer la figura de la coadyuvancia y pulir
algunos aspectos procedimentales. El juez me dijo que la preocupación
fundamental no eran los aspectos ni de oralidad ni procedimentales,
ni los principios que en teoría existían incluso el de la
presunción de inocencia, sino fundamentalmente la “democratización”
de la justicia penal, para que dejase de ser un instrumento de
control y castigo del “gobierno”.
Al
conocer pormayores y luego pormenores de la propuesta de reforma
legislativa que presentaron al alimón el Fiscal General de la
República Alejandro Gertz Manero y el mal-aconsejador jurídico de
la Presidencia Julio Scherer, recordé aquella plática y me corrió
un “escaldofrío por el espinazo vertebral”.
Gertz
parece que ha sido un buen policía, Scherer un buen espejo. Es
impensable que la reforma propuesta no haya sido conocida por el
Presidente, por lo que sólo queda conjeturar sus “piensos”,
porque la mera verdad, como dicen en el sureste, va “patraseando”.
En
mis tiempos de estudiante en la UNAM, ya se planteaba un apotegma de
la dogmática penal: “investigar para detener, no detener para
investigar”. La malhadada figura del arraigo es, ni mas ni menos,
la encarnación de la parte negativa del apotegma. Ante la
incapacidad e ineficacia de los investigadores, la sospecha permite
la detención e incomunicación de una persona y su sujeción en los
primeros días, a prácticas de tortura para obtener información que
los “investigadores” utilizarán para incriminar al detenido y a
otros presuntos delincuentes, reales o fabricados. Los días
restantes del arraigo servirán para que desaparezcan las huellas
físicas del tratamiento, “Manoterapia” le llamaba un antiguo
fiscal de Aguascalientes.
La
propuesta de reformas contempla la salvajada de revivir el arraigo,
que lamentablemente se ha conservado para delitos de delincuencia
organizada, y se acompaña con otra propuesta infame: que las pruebas
obtenidas de manera ilegal (incluso tortura) puedan ser valiosas en
un proceso. Un retroceso preocupante. Conviene recordar que durante
el gobierno del nombrable Peña Nieto, el relator general para la
Tortura de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos,
Juan Méndez, señaló en su informe que en México la práctica de
la tortura era generalizada y a todos los niveles. El gobierno
mexicano desde luego (es su especialidad) lo desmintió, aunque no le
echó la culpa ni a los conservadores ni a los fifís y los chairos
todavía no se llamaban así, sin embargo se comprometió a asumir
algunas medidas para combatir la tortura y salvaguardar la integridad
y el principio de presunción de inocencia. Entre otras la de la
desaparición del arraigo, que finalmente se conservó
lamentablemente para algunos delitos graves. Cuando el relator Méndez
solicitó regresar a México para verificar el cumplimiento de las
recomendaciones, el gobierno de Peña Nieto le negó la autorización,
pero efectivamente se tomaron medidas, notoriamente insuficientes,
con el propósito de disminuir esas violaciones a los derechos
fundamentales. López Obrador con la propuesta, por el momento
retirada del Legislativo, da un salto pa’tras en la protección de
los Derechos Humanos y la garantía del debido proceso.
En
la propuesta aparecen otras temibles armas de represión, que son
instrumentos conocidos de algunos de los admirados jefes de estado y
de otros, simpatizantes, del presidente López Obrador: el delito de
difamación. Propone castigar con
cárcel de
seis meses a seis años, “la imputación que se hace a otro de un
hecho cierto o falso”. En legislaciones avanzadas y en países
democráticos “de a deveras” esos hechos alcanzan si acaso alguna
sanción administrativa y en el peor de los casos la incoación de un
proceso civil por “daño moral”, pero jamás la cárcel. Las
reformas prevén autorizar la intervención telefónica en casos de
“sospecha” de delitos fiscales y electorales. ¿No le ha bastado
a López Obrador la intimidación pública, la difamación que él ha
realizado y las imputaciones a la ligera que formula en las
mañaneras, sino que ahora quiere las armas legales para poner bozal
a las críticas y señalamientos?.
Venturosamente
en el Legislativo algunas voces (sensatas, sensibles o simplemente de
políticos avezados) advirtieron (como una salida para un compás de
espera que permita la reflexión) que no se habían realizado todas
las consultas que las comisiones habrían recomendado, pero
seguramente la propuesta regresará a las Cámaras.
Compás
para que reflexione ¿quién?. Ya se sabe que el principal actor no
reflexiona, pero los ciudadanos estamos obligados a hacerlo y a
manifestar nuestro repudio a esas propuestas dictatoriales.
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