EL EJÉRCITO POLICÍA
Cada
quien en su oficio es rey.
Dicho popular.
La
emboscada (aunque sin bosque), de que fue objeto hace unas semanas
llegando a Culiacán, una patrulla militar que transportaba en
calidad de detenido a un sujeto que resultó lesionado en un
enfrentamiento contra un grupo, pandilla o célula de delincuentes,
que se suscitó en un lugar cercano al sitio de origen y de fuerte
influencia del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha
dado como consecuencia inmediata algunas acciones que merecen ser
objeto de atención ya que se destacan, aún dentro del marco de un
país lastimado por enfrentamientos, desapariciones forzadas,
tortura, desplazamiento interno, asesinatos a mansalva, fosas
clandestinas, impunidad y corrupción galopantes.
En
el homenaje que se rindió a los cinco soldados fallecidos en el
enfrentamiento, el general Secretario de la Defensa Nacional, hizo
patente la indignación de las fuerzas armadas, el dolor por la
pérdida tanto de los familiares como de los propios mandos
castrenses, y anunció la, digamos, contestación del Ejército a la
provocación de los delincuentes. “Vamos con todo...” y no podría
ser de otra manera. La incomodidad de las fuerzas armadas ha sido
objeto de comentarios por columnistas de diarios nacionales
“generalmente bien informados”. En este mismo espacio se ha
señalado también el enojo por el manejo tan descuidado del traslado
del reo herido, que propició ser objeto de la “emboscada”. Llamó
la atención la discreta postura de las autoridades civiles, no
obstante que, evidentemente estamos ante la presencia de la comisión
de delitos del fuero federal que ameritan la reacción inmediata de
la Procuraduría General de la República, antes que la de las
fuerzas armadas. Al menos así habría de ser en tanto no nos
constituyamos, y espero que no llegue a ocurrir, en un estado de
excepción.
El
Presidente Enrique Peña Nieto se manifestó solidario con los
familiares de los soldados muertos y solidario con las fuerzas
armadas. Anunció una indemnización importante en diversas
prestaciones, incluso efectivo, para los ofendidos (deudos) y condenó
las acciones de los delincuentes. La posición del Presidente es
congruente con su investidura como jefe máximo de las fuerzas
armadas, pero incongruente como presidente de una república, en la
que los familiares de decenas de miles de desaparecidos, la mayoría
seguramente muertos, esperan alguna información, algún atisbo de
justicia, y ni esperanzas de pensar en una ayuda económica o
prestacional. No se piense en los integrantes de grupos
delincuenciales sino en las víctimas de los llamados daños
colaterales, de los desplazados, de los que han sufrido las
consecuencias de enfrentamientos “sin tenerla ni deberla”. Para
ellos la justicia no alcanza.
Como
secuela de la emboscada. Un grupo de militares (entiendo que en la
jerga castrense tiene una denominación específica), ocupó las
instalaciones de la policía de Culiacán y procedió a la revisión
de las armas de la corporación en particular calibres y,
seguramente, rayado. Esto que en otras circunstancias podría tomarse
como una acción de revista normal, en el contexto de Sinaloa no
puede menos que verse como la sospecha de que policías pudieran
haber participado en el ataque a las fuerzas armadas, mas allá
incluso de un “soplo” o aviso de la ruta del convoy militar. Es
sabido que el crimen ha infiltrado en todos los niveles a los cuerpos
tanto policíacos como militares. Los procesos judiciales suscitados
a lo largo de esta larga “guerra”, dan cuenta de que no hay área
que pueda estar a salvo de la corrupción. La fórmula se dice, es
sencilla: “plata o plomo” y los héroes a estas alturas están
escasos. Se comprende.
Hace
menos de una semana otro anuncio del General Secretario de la Defensa
Nacional volvió a centrar la atención en el desempeño del Ejército
como fuerza policíaca. Aseveró que en adelante la Policía Militar
se haría cargo del combate a la delincuencia fortaleciendo los
cuerpos que de esta función tiene la Defensa. Sorprende porque
dentro de los ordenamientos que tiene la función castrense la
Policía Militar tiene una función específica hacía el interior:
es órgano disciplinario, de orden y buen comportamiento del
personal. Aseguran que la disciplina no se relaje. Se encargan de
hacer cumplir arrestos, detenciones y en general las medidas
correctivas impuestas por la superioridad que requieran la
intervención de un grupo con esa función específica, pero no se
desprende de sus lineamientos legales que pudiesen intervenir en
acciones de particulares, que no tienen que ver con la disciplina
militar, sino con comportamientos ilícitos sujetos al reproche del
estado a través de los órganos fiscales y jurisdiccionales. Una
medida de esta naturaleza, tendría que ser, en mi concepto avalada
por la autoridad civil, mediante las modificaciones pertinentes, en
su caso, a la legislación militar expedida por el Congreso de la
Unión.
Hace
tres o cuatro día Renato Sales Heredia titular de la Comisión
Nacional de Seguridad propuso y la Conferencia Nacional de
Secretarios de Seguridad Pública integró una comisión que
analizará si es viable crear un órgano que defienda los derechos de
los policías, retomando la propuesta de la organización civil Alto
al Secuestro de la Sra. Isabel Miranda de Wallace acerca de que debe
crearse un ombudsman
que garantice el respeto a los derechos humanos de militares, marinos
y agentes. La ignorancia de la Sra. Miranda es explicable, la del Sr.
Sales totalmente injustificable. Toda persona, sea cuico o ladrón,
Comisionado de Seguridad Pública o Banquero es titular de derechos
humanos, sólo que en cuanto a autoridad, no puede ser sujeto de
ellos. En otras palabras, si el policía se extralimita con el
ciudadano responderá por la violación de los D.H. del ciudadano, si
el ciudadano se extralimita con el policía responderá por las
faltas o delitos que haya cometido en agravio del policía.
Afortunadamente la cordura imperó en los mandos del ejército,
fuerza aérea y marina, y la iniciativa no prosperará.
En
este apresurado recuento de hechos permea indudablemente la necesidad
de acotar de manera legal las funciones policíacas del Ejército. Su
trabajo fuera de los cuarteles y mas allá de su diseño original ha
producido desgaste y malestar. Al parecer no se la ha permitido
actuar a fondo y los resultados de su incursión en tareas policíacas
no han sido los que se esperaban cuando la declaración de guerra del
presidente Felipe Calderón. Será necesario replantear el “combate”
a las adicciones, desde el punto de partida de que se trata de un
problema de salud pública antes de un problema de seguridad
nacional. El enfoque sería distinto y seguramente los resultados
también. Una última ocurrencia: Durante todo un año en una edad
clave para la definición de una actitud ante la vida, los jóvenes
mexicanos están a disposición del Ejército para el Servicio
Militar Nacional. De esos jóvenes han salido los narcos, los
sicarios, los secuestradores, los pederastas, y también desde luego
los buenos y patriotas mexicanos. Pero queda el gusanillo de que se
hubiera podido hacer mucho mas de lo que se ha hecho con esa
juventud.
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