EL EJÉRCITO DE SAN GARABATO DE LAS TUNAS CUC.

Para Rafael Barajas “El Fisgón”, por su magistral cartón “El debate de fondo” de ayer martes 13.

Entre los pueblos imaginarios de la literatura en nuestro país, a un lado de Comala de Juan Rulfo, a tiro de piedra de Cuévano de Ibargüengoitia se halla San Garabato de la Tunas Cuc., la pintoresca y jocunda población creada por Eduardo del Río RIUS, que junto con Ernesto García Cabral “El chango”, Antonio Arias Bernal “El Brigadier”, Gabriel Vargas y Abel Quezada forman la quintilla de ases del humorismo gráfico y claro el “joker” José Guadalupe Posada. Por supuesto que en la baraja hay mas cartas y es un tema opinable, pero yo me quedo con ellos. RIUS fué mas allá, no sólo con las historietas “Los Supermachos” y “Los Agachados”, sino con un género que sin duda inauguró en México: la historieta didáctica.

Son memorables los personajes de “Los Supermachos”: Chon Prieto, panzón de pulque y guasón, Calzonzin, filósofo purépecha existencialista envuelto en un cobertor eléctrico que no tenía donde conectar, doña “Eme”, beata, boquisuelta y bigotona, Don Perpetuo del Rosal, seguidor de palabra de su lema de la triple “o” “Orden, onradez y ornato” y bebedor conspicuo con su itinerario, de su casa a la cantina, de la cantina a Palacio Municipal, de Palacio Municipal a la cantina y de la cantina a su casa, ¡ah! Y por supuesto los guardianes del orden, (para Calzonzin el aparato represor), los temibles policías “El lechuzo” y “Arsenio” de innegable caracterización nazi, una Gestapo de interés social.

Ante la crítica de las buenas conciencias del pueblo: el tendero Fiacro Franco, el boticario Don Lucas Estornino y el burgués Don Plutarco, que aseguraban difamatoriamente que Don Perpetuo se pasaba mas tiempo en la cantina que en la presidencia municipal, el Sr. Presidente Municipal previo acuerdo del Cabildo determinó cambiar la Presidencia a la cantina, de manera que obvió la crítica, y cumplía con su vocación y con su chamba al mismo tiempo.

Después de escuchar en los días pasados retomar el delicado tema de la función policial del Ejército Mexicano, a partir de la “declaración de guerra” del entonces presidente de la república Felipe Calderón: que si se queda en las calles, que si regresa a los cuarteles, que quizás, tal vez, puede ser, probablemente, ¿quién sabe?, llego a la sesuda (al menos sudada) reflexión de que se trata de una especie de obra de teatro sujeta a un guión, con varios actos y varios actores de carácter, que se representó en varias funciones, sin duda casualmente, y que culminó con el discurso presidencial en la ceremonia de entrega del Premio Nacional en Derechos Humanos 2016, en la residencia oficial de Los Pinos. En su intervención anunció que, aunque las fuerzas armadas de México manifestaron por conducto del General Secretario de la Defensa Nacional, el hartazgo de tener que hacer una tarea que no es la suya, con un marco legal que les es ajeno y con la “duda” de actuar por temor a los organismos defensores de Derechos Humanos, habrá un nuevo marco legal para legitimar la actuación policial del ejército y la armada.

Juan Calzonzin seguramente pensaría que una medida de legitimación para una función que, constitucionalmente no les corresponde a las fuerzas armadas, y que sólo por excepción se justifica actuando en apoyo de las autoridades policíacas, convertiría a la excepción en regla, “normalizaría” lo que hoy es anormal, y justificaría, como lo hizo Don Perpetuo en San Garabato, lo cuestionable en “legal”, aunque en esencia continúe contrario a la normalidad constitucional, aunque y lo recalco, partiese de una modificación constitucional. Quiero decir y lo digo, que hay reglas que aunque estén en el cuerpo de la Constitución contravienen los principios consagrados en las decisiones políticas fundamentales o en el derecho supranacional, lo que las vuelve no constitucionales.

La cuestión es en extremo delicada. El ejército (sus integrantes) no puede, no debe dudar. Ante una orden superior la disciplina militar obliga a su cumplimiento, pero, lo decía Santo Tomás de Aquino, la orden injusta no debe obedecerse, y lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, la obediencia jerárquica no es excluyente de responsabilidad. Dicho en otras palabras, la regla jocosa del dominó “mandado no es culpado” no aplica en materia de Derechos Humanos.

En los últimos diez años, desde la infausta “declaración de guerra” de Calderón, las fuerzas armadas del país, son de quienes mayor número de quejas por violaciones a Derechos Humanos han recibido los organismos defensores. No sólo ¿qué han hecho? sino fundamentalmente ¿cómo lo han hecho?. Me parece que han habido casos extremos documentados de un exceso en el actuar de algunos elementos militares y marinos, (lo que desde luego puede ocurrir en cualquier organismo), merecedores del reproche legal. Un marco jurídico que “legitime” la intervención del ejército en materia policíaca, no evitará que eventualmente haya excesos y no evitará que las recomendaciones de los organismos defensores de Derechos Humanos lo señalen. El marco legal, de darse tendría que apegarse sin duda a la constitucionalidad y a la convencionalidad.

Algo mas, no fueron los tribunales nacionales ni lo organismos defensores de D.H, nacionales los que iniciaron el señalamiento y la responsabilidad de elementos de las fuerzas armadas. Fueron los organismos internacionales los que forzaron al estado mexicano, condenándolo a indemnizar a víctimas de violaciones de derechos fundamentales por elementos del ejército. Fueron los organismos internacionales los que forzaron a la Suprema Corte a modificar criterios y al Congreso Federal a legislar en cuanto al llamado fuero de guerra, dejando a salvo a los “paisanos”, y si no son los nacionales, serán los internacionales los que seguirán señalando las conductas violatorias de DH.

Antes que cambiar la presidencia muncipal a la cantina, hay que buscar que cambie Don Perpetuo, y si no cambia, cambiarlo. En una democracia se haría así, digo, pero San Garabato de las Tunas, Cuc., no es ejemplo de democracia.