¿CAMBIO O MAQUILLAJE?, DEL IFE AL INE

A todo puerquito le llega su San Martín, no hay plazo que no se venza, ni fecha que no se llegue, ni deuda que no se pague, y los términos legales algunos son fatales como es el caso del llamado vacatio legis que es el número de días que puede fijar el legislador entre la publicación de la ley y su entrada en vigor. En algunos casos el legislador puede decidir que la ley entre en vigor inmediatamente después de su publicación como sucede en la mayoría de las leyes, en otros puede fijar un plazo largo como es el caso de la legislación penal de los mal llamados juicios orales que fue de varios años. El caso es que se cumplió el término y el pasado viernes desapareció (?) el Instituto Federal Electoral y apareció el Instituto Nacional Electoral, cambió la “f” por “n” y cambió de presidente y de consejeros, su duración en el encargo de seis a nueve años y la competencia del organismo de ser exclusivamente federal a “casi” exclusivamente federal, en una tentativa inacabada (como dicen que dicen los abogados) de centralizar las elecciones de las entidades federativas, dentro de un marco nacional de tentativas inacabadas de restaurar un presidencialismo absolutista que no volverá (Krauze no lo quiera).

El IFE fue quizás el mejor ejemplo de un engendro producto de la desconfianza. Resultado de la transformación de una dependencia gubernamental en un organismo descentralizado primero y luego en un órgano constitucional autónomo, figura que se estrenaba en nuestro país y que ponía en jaque a los ortodoxos partidarios de la división tripartita de poderes. La moderna doctrina constitucional se inclina mas por la concepción de “funciones” que la de poderes, de manera que existen diversos organismos públicos que desempeñan diversas funciones, sin que necesariamente puedan adscribirse en la partición de Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, que resultaba muy “romántica” en el sentido de renovadora y transformadora en su tiempo, pero que ya no se adecua a las necesidades complejas y cambiantes de las modernas administraciones públicas.

El IFE mal que bien sorteó tempestades con mas o menos buena fortuna. En elecciones cuestionadas en el ámbito federal, particularmente las últimas de presidente de la república, la legitimidad provino más de acciones “legitimadoras” del electo, que de la declaratoria emitida por la autoridad electoral. Aunque probó su eficacia en otros campos, particularmente para que los jóvenes accedan a los antros mediante su credencial para votar, o para que los trámites bancarios dejen de ser una terrible pesadilla y se limiten a ser una tremenda pesadilla, no logró calar hondo en el ánimo ciudadano o al menos es la percepción que han mostrado encuestas, por una parte y por otra el innegable altísimo costo del organismo que convirtió las elecciones en nuestro país en un verdadero lujo. El costo por voto, en datoos de hace tres años, en nuestro país está 18 veces arriba del promedio que prevalece en iberoamérica, cada sufragio nos cuesta 17.24 dólares, lo que contrasta con los 41 centavos de dólar en Argentina. El informe de Fundaciones Internacionales Electorales para Sistemas (IFES, su sigla en inglés) sobre “la aplicación de la reforma electoral de 2007-2008 en México, desde una perspectiva comparada a escala mundial”, precisa que el promedio que las naciones iberoamericanas destinan a ese rubro es de 123 millones 226 mil 896 dólares, que contrasta sensiblemente con los 465 millones 21 mil 714 dólares que se gastarom en México. Según el informe, en Brasil el costo del voto es de 29 centavos de dólar; en Colombia, 1.95; Ecuador, 1.09; Panamá, 5.25; Uruguay, 3.72, y el más elevado –sin contar a México– es el de Costa Rica, donde asciende a 8.58 dólares.

El discurso de toma de posesión del flamante presidente del flamante instituto electoral, Lorenzo Córdova Vianello, es un mensaje políticamente correcto “la consolidación democrática debe asumirse en buena medida como un reto cultural” , “de modo que los ejes y la base de convivencia política se base (sic) en la asunción práctica y recreación cotidiana de los valores y principios democráticos por parte de todos”, aclara que no parte de cero, reconoce el valor del Servicio Profesional de Carrera de la institución antecesora y manifiesta su deseo de convertir al INE en “el ancla de la estabilidad política, certeza para todos los actores y fortalecimiento democrático de nuestra sociedad”, Amen, diremos los mexicanos.

¿Pero qué cambia en la institución? El andamiaje se conserva prácticamente el mismo, la experiencia y conocimiento del personal de carrera se seguirán aprovechando, se sustituyen los consejeros y se realizan pequeños cambios cosméticos en su número y su duración. Se magnifica (parece) la figura del presidente al hacerlo durar 9 años lo que lo convierte en una figura clave en el ejercicio político electoral del país. Algunos críticos han señalado que en la forma de selección de los consejeros no se apunta diferencia y en la estructura que plantea y su posible injerencia en las elecciones estatales podría significar un retroceso en la concepción republicana descentralizadora.

A vuelo de pájaro echemos una mirada sobre los principales cambios que se advierten en el nuevo organismo a partir de su legislación: el INE organizará las elecciones federales y participará de manera conjunta con los organismos estatales en las elecciones locales (estatales y municipales), tendrá la obligación de impartir la capacitación electoral; determinar la geografía electoral (distritos y secciones electorales); trabajar en el padrón y la lista de electores; determinar la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; dar los lineamientos para los resultados preliminares; así como fiscalizar los ingresos y egresos de partidos políticos y candidatos locales; el INE podrá realizar las elecciones locales si así se le solicita y podrá “atraer” los asuntos de aplicación e interpretación que considere relevantes; en el INE concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y un secretario general, tal como lo era en el IFE; el Consejo General del INE tendrá la facultad de designar y remover a los consejeros electorales de las entidades, lo que indudablemente constituye una intromisión en la soberanía de los estados y un atentado al pacto republicano; del INE realizará funciones de auditoría de la utilización de recursos por parte de partidos y candidatos de manera directa por el Consejo General del instituto para lo cual no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de autoridades federales y locales; el Consejo General del INE también tendrá la facultad de que, si los partidos políticos así lo solicitan, pueda organizar las elecciones de los dirigentes partidistas con cargo a las prerrogativas de los partidos (¿intromisión en la vida interna?); la reforma finalmente establece también que el INE pueda encargarse de realizar pagos a proveedores y prestadores de servicios de los partidos a petición de éstos.

En fin que, la reforma del instituto electoral se inscribe en la reforma electoral que se inscribe dentro de las “grandes reformas” de nuestro sistema político. ¡Qué sea para bien...! lo que solo podrá ser con el concurso de todos los ciudadanos. Con una participación del 50% de los empadronados la democracia sin adjetivos sigue siendo una aspiración mas o menos lejana, digo, cercana.